00:46 h. Domingo, 20 de octubre de 2019

Caso buses: Fiscalía investiga adulteración fraudulenta de precios

Macarena Cañas, de la división de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia notificar si se ha pronunciado sobre los requerimientos informados por la FNE en relación a supuestas prácticas de colusión que se estarían llevando a cabo entre diversas empresas de buses interprovinciales.
Estrategia del 22/11/2012  |  25 de noviembre de 2012 (23:38 h.)
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Nuevamente un caso de atentado contra la libre competencia, toma una arista penal, bajo una investigación de adulteración fraudulenta de precios. Ahora es el de la eventual colusión entre los buses interprovinciales en las rutas Santiago-Cartagena, Santiago-Curacaví, y Santiago-Lo Vásquez, lo que consta en tres requerimientos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Es así como Macarena Cañas, fiscal adjunto de la división de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, solicitó al TDLC “notificar a esta Fiscalía si su Tribunal se ha pronunciado sobre los requerimientos informados por la Fiscalía Nacional Económica en relación a supuestas prácticas anticompetitivas que se estarían llevando a cabo entre diversas empresas de buses interprovinciales”.

En particular, según la Fiscalía Centro Norte, en las compañías ubicadas en el Terminal Santiago, y otras ciudades como Valparaíso, Coquimbo, La Serena y Antofagasta. Con lo que este caso en cuanto al inicio de una arista penal, se une al de la colusión entre las farmacias –cuyas multas a Cruz Verde y Salcobrand por US$40 millones en total fueron ratificadas por la Corte Suprema- y de los productores avícolas nacionales Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, con la intermediación de su gremio, la APA.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó que el TDLC certifique el estado actual de las causas a que dieron el vamos a los requerimientos de la FNE en contra de las firmas de buses interprovinciales, “y se remita a esta Fiscalía copia de todos los antecedentes que consten en dichos procesos”.

En la figura de adulteración fraudulenta de precios, las penas van entre 61 días y tres años de cárcel, y las multas de 6 a 10 Unidades Tributarias Mensuales.

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